Accesibilidad · Defensa del Pilar Social Europeo

Enrique Barón CrespoOpen on YouTube

Yo he tenido en mi vida dos grandes amores políticos. Eh, uno, conseguir que España fuera un país democrático, y otro, que nos incorporáramos a la Europa que se estaba construyendo en la posguerra, en paz y unida. Esto es lo que ha ocupado básicamente mi vida, y tengo que decir que no solamente ha sido amores platónicos, sino que he vivido esa transformación, he participado en ella. Y la dimensión social, en primer lugar, es la ciudadana. Con la democracia somos ciudadanos de España y, desde el tratado de Maastricht, cuando la caída del muro, ya conseguimos proponer la Europa de los ciudadanos, y la dimensión social es fundamental.

No hay que celebrar solo los 40 años. Los 40 años es cuando nos incorporamos plenamente. Nosotros queríamos acabar con la dictadura e integrarnos en Europa con un sistema democrático, superando además todas las huellas de la guerra civil. Por eso, los 40 años es cuando pudimos participar como protagonistas, pero eso fue el fruto de un trabajo perseverante y muy importante de la sociedad española, que yo creo que hay que subrayar: no es que llegáramos y nos dieran un premio, nos costó mucho. La transición fue uno de los puntos esenciales, con un acuerdo muy amplio de todas las fuerzas políticas y sociales, y por eso celebramos que lo conseguimos. Pero no es que nos tocara un premio porque sí.

La dimensión social nosotros la consideramos fundamental, pero no es que empezara a apuntarse. Eh, ya había elementos, pero no eran los fundamentales. Era la época en la que se hablaba del mercado común, porque se había conseguido ya poner las bases del mercado común. Pero yo le puedo decir que, bueno, no solo para mi familia política, eh, para la socialdemocracia, sino para la democracia cristiana, para otras fuerzas sociales, digo a nivel europeo, no solo en España, la dimensión social también era un elemento importante. Eso no se ganó Zamora en una hora, eh, eso hay que trabajarlo.

Yo fui miembro del gobierno que acabó la negociación de entrada, el primer gobierno González, porque la entrada fue el 12 de junio de 1985. En el Palacio Real firmamos la entrada, primero de Portugal y luego de España. Yo recuerdo que, por ejemplo, como ministro de Transportes, una de las prioridades era la eliminación de las barreras para poder acceder a los medios de transporte: autobús, metro y tal. O sea, que ya empezaba a adquirir, diríamos, entidad este derecho que da la plena ciudadanía a las personas, bueno, con menor capacidad, ¿no?, diríamos física.

Yo entré en el Parlamento Europeo en 1986 y fui elegido presidente 3 años después. Eso sí que es un premio de la historia. Y la dimensión social era uno de los caballos de batalla: conseguimos incluir la ciudadanía europea en el tratado de Maastricht, que es el hijo más, eh, directo y más fecundo de la caída del muro. Y ese fue un hito, pero en la medida en que se incorpora la democracia y se incorpora la igualdad de los ciudadanos y de derechos, que además conseguimos, con un gran trabajo mucho después, que entrara en la Carta Social Europea, yo creo que es uno de los elementos que define la Europa unida que estamos construyendo. Y eso, pues, no se hizo de la noche a la mañana.

Lo que no está en el presupuesto, pues, es retórica política. Es lo que pasa también en la vida familiar. Muchas afirmaciones, mucha, mucha polémica, pero, diríamos, el compromiso es en lo que está presupuestado. ¿No había un político mexicano que decía que el que vive fuera del presupuesto vive en el error? No se trata solo de hacer discursos, se trata de tomar decisiones y hacer cosas. La batalla presupuestaria es una batalla esencial en democracia, y ahí se produjo un encuentro, no una coalición, entre un momento histórico creativo, como era el del final de la Guerra Fría y la caída del muro, y luego la decisión del gobierno español con la presidencia de Delors. Fue un gran presidente de la Comisión; no era un gran profesor ni un gran político, era un sindicalista del Banco de Francia, eh, y sabía, sabía tratar cosas concretas. Entonces Delors situaba la cuestión social como prioridad fundamental, porque la vivía. Ahí llegamos a formular, a teorizar esto con, no solo la política social, sino con la política de cohesión, que se concretó en la duplicación, por dos veces, entre final de los 80 y los 90, de los fondos estructurales, y la vida y la intensificación del Fondo Social. Y el lanzamiento de la idea de la cohesión no fue una tarea fácil, porque, por ejemplo, para entendernos, un país que tiene una enorme dimensión y tradición social como Alemania, la idea de cohesión, que es una palabra de origen latino que entendemos franceses, portugueses, italianos y tal, y belgas, y hasta los británicos, para los alemanes, pues, era, si me permite, era Zusammenhaltung. Sí, sí, impresiona, ¿verdad? Ellos empezaron a utilizar cohesión con K, que parece como más fuerte, pero, claro, la cohesión es la fuerza que permite a los átomos mantenerse unidos. Eso es la cohesión. Y entonces, en la argumentación era: bueno, no se trata solo de hacer, diríamos, una zona de libre cambio, se trata de hacer una unión en la que podamos ser ciudadanos.

Y eso es lo que explica, por ejemplo, lo que hicimos en España: la modernización de toda la red de carreteras y de autovías, la modernización de los sistemas de depuración de aguas, modernización de la red de aeropuertos, el transformar la RENFE en un ferrocarril moderno. Eso todo tiene una idea fundamental, que es la de la cohesión. Y la cohesión empieza, pues, a nivel municipal. También la gestión municipal ha sido muy importante, porque la democracia empieza en los pueblos y en las ciudades, no empieza en Bruselas o en Estrasburgo.

Eh, fue un momento del que yo guardo un gran recuerdo, porque la Comisión Social, muy activa del Parlamento Europeo, organizó una audiencia, una sesión de audiencia con las asociaciones que trabajaban con situaciones de discapacidad, y para eliminar barreras, y para una labor educativa y de incorporación. Y entonces invitaron, compareció la ONCE, me vino a ver el presidente de la ONCE, que era Miguel Durán. Además, me impresionó mucho porque era una persona muy despierta, muy aguda. Me acuerdo que, además, no sé por qué, citó a Unamuno y a Ortega y tal, o sea que, y entonces fue a la comisión y explicó lo que hacía la Fundación ONCE, cómo estaba gestionada, a qué se dedicaba, cómo invertían los fondos de la lotería, del cupón: los invertían en actividades de formación y demás, y como también tenían presencia ya entonces en televisión y tal. Entonces, un diputado británico le preguntó, le dijo: "Pero ustedes, ¿y no han entrado en el mundo financiero, en bolsa?". Y la contestación fue: "Es que no nos han dejado". Pero, espera, ¿usted por qué hay que limitarse al asistencialismo, a lo que se llamaba la beneficencia? Yo creo que es un ejemplo que no necesita explicación.

No se trata solo de derribar, es que, bueno, es que evidentemente, hombre, eso pasa también en las familias, eh, cuando se trata de repartir el esfuerzo: no es repartir el gordo, es explicar que está también en tu interés el que me vaya mejor a mí. Por ejemplo, España era ya una potencia turística. Es que las inversiones en autovías y las inversiones en depuración de aguas, pues, no solamente era para los españoles, era también para los turistas. Y además no se hacía solo con, eh, tecnología española y con equipamiento español y maquinaria: eso le dio mucha actividad a la industria europea de otros países, no solo alemana, eh, pero, por ejemplo, esto, italiana, belga. Es un principio en el que todos salimos beneficiados y, además, consolidamos, pues, un principio que es no solamente la unidad, sino la solidaridad.

No se trata de que nos vinieran a dar, o sea, todo esto se hizo con un control riguroso, y le puedo decir que en los primeros años se extendió, no solo en el Parlamento Europeo, sino en las comunidades, en la Comisión, en el Consejo, se extendió muy rápidamente una definición de los españoles: nos llamaban los prusianos del sur. Prusianos siempre eran la imagen del militarismo disciplinado alemán del Reich. Decían: "Es que estos españoles juegan como un equipo y tal, y además están coordinados, o sea, y además saben lo que quieren, y además no vienen a pedir, vienen a decir: 'Oiga, mire usted, lo que propongo, lo que necesito es esto, pero esto también usted puede participar'". Es, eh, un principio que yo creo no solo beneficioso, yo creo que es un principio democrático que nos ha permitido llegar hasta aquí y cambiar la historia de Europa.

Eh, la única respuesta que puedo dar es que cada día tiene su afán y no hay que dar en la vida nada por adquirido para siempre. Y entonces, una dimensión como la dimensión social, que es una dimensión básica de la ciudadanía, porque no es que uno esté más a favor o menos de lo social, es que en nuestra carta de identidad europea esa dimensión también está: la dimensión social, que no es que seamos más sociales o menos, es que forma parte de nuestra identidad como europeos, que genera derechos que no solamente se pueden defender, sino que se pueden llevar ante los tribunales. Por ejemplo, en este momento, que es un momento en el que tenemos un desafío que se puede resumir diciendo, pues, que tenemos que defender lo que hemos conseguido, por la vía también de la seguridad y la defensa, eso significa que eso tiene que ser compatible con nuestros valores y con nuestras políticas. Los europeos hemos tenido muchas guerras, eh, no se trata solo de invertir todo en armamento y en defensa. Se trata de hacer compatible la defensa de lo nuestro con, verdaderamente, una Europa que, curiosamente, sigue siendo un imán, ejerciendo un efecto de imán en todo el mundo, desde el punto de vista no solo de su visión social, sino de lo que son los bienes públicos que generan los derechos fundamentales, básicamente educación y salud y sanidad. Y esas son dos batallas en las que las personas con discapacidad están muy activas y tienen mucho que decir.

Es la esencia de la política y hay que repetirlo, eh, porque hay mucha gente que lo que trata es de criticar e, incluso, desgraciadamente, de insultar. Yo he aprendido, porque además fui responsable presupuestario en 1977, incluso para los parlamentarios, había gente que decía: "Bueno, esto del presupuesto te lo dejo a ti, que es muy complicado". Y yo les decía: "No, no, habrá que sumar y restar, pero es el gran debate político y el momento de las decisiones". Y lo demás no es que sea pólvora en salvas, pero las decisiones se concretan en el presupuesto. Es donde se ve, aparte ya de la retórica y los discursos, cuáles son las opciones. Por eso los debates, los debates presupuestarios son tan importantes, y el marco financiero es el que define, para un periodo, si no lo han cambiado, de 7 años, casi bíblico, eh, define las prioridades fundamentales. Bien, esa es la esencia. Lo que pasa es que hay que trabajar y hay que estudiar, eh, y echar cuentas.

Yo es que creo que no hay que dar la batalla por perdida. Uno tiene que defender sus posiciones. A mí lo del Fondo Social Europeo, yo no veo por qué hay que cambiarlo, y desde luego hay que luchar por mantenerlo y, sobre todo, pues, porque hay que hacer frente a situaciones que siguen existiendo. Entonces, yo creo que no hay que dar por perdida la batalla. Las batallas más pasionales que he vivido yo en Europa y en España son en torno al presupuesto. Pues hay que darla. Quien tiene la responsabilidad de proponer el presupuesto es la Comisión, primero en la Comisión y en un órgano del que no se suele hablar, que es fundamental, que se llama el Coreper. El Coreper es el comité de representantes permanentes, que es como la comisión de subsecretarios, que son los embajadores. Y luego, en paralelo, es una batalla que en el Parlamento y con la opinión pública, como todas las grandes batallas, han conseguido que la discapacidad organizada sea un sujeto social y político. Y además, como he dicho antes, con respeto y consideración internacional, una vanguardia, vamos, históricamente. Yo creo que también su ejemplo puede concretarse en un paso fundamental que en España está pendiente, y es que haya un registro público de los grupos de presión y de interés en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Y esa no es una cuestión de partido, es una cuestión de democracia. Y no lo acabo de entender. Ese es un aspecto fundamental de la democracia que me llama la atención que en España esté bloqueado todavía y que no sea una cuestión prioritaria social. Y las personas con discapacidad son una vanguardia que ha mostrado cómo se pueden cambiar las cosas.

Pues dejaría de ser el proyecto por el que he trabajado si se volviera las andadas, es decir, se volviera a creer que lo nuestro es lo mejor, que nuestra misión es dominar y guerrear con el vecino y explotarle y sojuzgarle, en vez de compartir no solo valores, sino destino con él. No es una reflexión teórica, es algo que forma parte de ese propósito de la enmienda histórica que ha hecho que un gran historiador, Fernando Braudel, decía: "Europa, infierno y paraíso". Pues que Europa, que en más de una ocasión ha sido infierno, no es que se convierta en un paraíso, pero en un sitio en el que podemos habitar, compartir y vivir dignamente. Y eso supone, como uno de los retos esenciales, la eliminación de barreras y la integración de los que tienen distinta capacidad.

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Transcripción Completa y Editada: Entrevista a Joaquín Almunia Amann

Serie: «El Sillón de la Europa Social» / Proyecto «40 años de España en la UE»
Entrevistado: Joaquín Almunia Amann, exvicepresidente de la Comisión Europea y excomisario de Competencia (2010-2014) y de Asuntos Económicos y Monetarios (2004-2010); exministro de Trabajo y Seguridad Social.

Bloque 1: Transformación de España en sus 40 años en la Unión Europea

Pregunta: En estos 40 años de presencia en la Unión Europea (1986-2026), ¿cuál es el balance de la transformación de España respecto a la situación inicial?

Joaquín Almunia Amann: La España actual es radicalmente diferente a la de 1986: es más moderna, mejor articulada y con menores diferencias sociales. Somos un país sustancialmente más rico: en estos 40 años la renta per cápita real de los españoles se ha duplicado, descontando la inflación, recortando distancias con los países más avanzados de la Unión.

Cuando ingresamos éramos 12 Estados miembros; hoy somos 27. España ha demostrado ser un socio europeísta convencido, que sabe defender los intereses del conjunto de la Unión sin merma de los intereses nacionales.

Bloque 2: La aportación española a la Europa Social

Pregunta: Desde su experiencia en el Gobierno de España y en la Comisión Europea, ¿qué ha aportado nuestro país al modelo social europeo?

Joaquín Almunia Amann: España ha liderado la defensa de una dimensión social europea más potente, clara y visible, exigiendo que el Pilar Europeo de Derechos Sociales no quede en meras declaraciones retóricas. En la UE existen países que consideran que las políticas sociales deben ser competencia exclusiva estatal; por ello, España ha sido vanguardia para estructurar garantías comunitarias y coordinar respuestas ante la exclusión.

Bloque 3: Competencias europeas, rendición de cuentas e Ingreso Mínimo Vital

Pregunta: ¿Cuál es el marco de responsabilidad entre la Comisión Europea y los Estados miembros en la fijación y evaluación de las políticas sociales?

Joaquín Almunia Amann: La responsabilidad primaria de la ejecución y evaluación del gasto social corresponde a los Estados miembros. Sin embargo, las instituciones comunitarias marcan suelos y recomendaciones mínimas para erradicar brechas de género, salarios mínimos o empleo juvenil.

Un ejemplo claro fue la recomendación insistente de la Comisión Europea a España durante años para implantar el Ingreso Mínimo Vital, al ser España el único país de la UE que carecía de esta prestación no contributiva de garantía de rentas. No esperemos que un funcionario de Bruselas diseñe al detalle la política social española; la eficacia y los resultados medibles son exigibles en primer lugar a los Gobiernos nacionales y autonómicos.

Bloque 4: Competitividad, brecha de empleo y "talento no aprovechado"

Pregunta: Frente a informes estratégicos como los de Mario Draghi o Enrico Letta sobre competitividad, ¿puede la UE aumentar su productividad manteniendo alejadas del mercado laboral a personas con discapacidad o colectivos vulnerables?

Joaquín Almunia Amann: No se puede entender la competitividad desde un prisma puramente economicista. Tanto el Informe Draghi como el Informe Letta introducen la cohesión social como una condición positiva para la productividad.

El "talento no aprovechado" constituye una grave ineficiencia del mercado europeo. En España sufrimos un problema estructural: nuestra tasa de empleo se sitúa 5 puntos porcentuales de PIB/empleo por debajo de la media europea. Tenemos un déficit de ocupación que afecta severamente a jóvenes, mujeres y personas con discapacidad. Ganar competitividad requiere integrar a estos colectivos, ofrecer formación continua y distribuir de forma equitativa las oportunidades laborales.

Bloque 5: Lecciones de la crisis financiera de 2008 y la austeridad

Pregunta: Desde su responsabilidad como Comisario durante la crisis financiera de 2008, ¿qué lecciones se han extraído sobre las consecuencias de los recortes y la austeridad?

Joaquín Almunia Amann: La respuesta inicial dada a la crisis de 2008 basada en la austeridad dogmática y los recortes presupuestarios indiscriminados fue un error manifiesto. Hoy existe un consenso generalizado en que la austeridad excesiva destruye el crecimiento, genera enormes desigualdades y deteriora la protección social.

Los desequilibrios fiscales deben corregirse con inteligencia, protegiendo la actividad económica y garantizando que los esfuerzos se repartan equitativamente para evitar la fractura cívica y las tensiones sociales.

Bloque 6: Recomendaciones para el Marco Financiero Plurianual 2028-2034

Pregunta: ¿Cómo debe plantearse la arquitectura del MFP 2028-2034 para salvaguardar las políticas sociales frente a nuevas necesidades presupuestarias como la defensa o la transición ecológica?

Joaquín Almunia Amann:

Especificidad del gasto social: Garantizar que las políticas sociales (históricamente financiadas por el FSE) no se diluyan ni pierdan partidas específicas en el presupuesto 2028-2034.
Flexibilidad con condicionalidad: Es positivo flexibilizar la gestión presupuestaria siempre que vaya vinculada a compromisos estrictos de los Estados miembros para realizar reformas e inversiones sociales con resultados medibles.
Recursos propios y Deuda Común (Eurobonos): Para financiar las crecientes necesidades (defensa, clima, cohesión) sin recortar el pilar social, la UE debe aumentar sus recursos propios e institucionalizar la emisión de deuda común (eurobonos), consolidando la experiencia de los fondos Next Generation.
Defensa de los valores democráticos: Alerta ante el auge de la extrema derecha y los discursos xenófobos. La cohesión social está ligada a la cohesión cívica; responder a los desafíos globales exige reforzar la democracia y evitar la exclusión de los colectivos más vulnerables.

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Transcripción Completa y Editada: Entrevista a Ana Peláez Narváez

Serie: «El Sillón de la Europa Social» / Proyecto «40 años de España en la UE»
Entrevistada: Ana Peláez Narváez, Secretaria General del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF) y Vicepresidenta del Comité ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Bloque 1: La Convención ONU de la Discapacidad (CRPD) como hito de la UE

Pregunta: ¿Cuál considera que ha sido el mayor aporte de la Unión Europea a los derechos de las personas con discapacidad en estos cuarenta años?

Ana Peláez Narváez: No tengo ninguna duda de que el mayor aporte que ha hecho la Unión Europea a los derechos de las personas con discapacidad ha sido la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) de Naciones Unidas, que está en vigor en la Unión Europea desde el 22 de enero de 2011.

En un contexto como el actual, sería imposible pensar que no solo la Unión Europea, sino todos sus Estados miembros, hubieran ratificado este Tratado Internacional de Derechos Humanos, que es la piedra angular de la defensa de los derechos de la gente que tenemos una discapacidad. Fue muy importante porque la Convención incorporó la posibilidad de ratificación por organizaciones regionales de integración. De hecho, la Unión Europea se convirtió en la primera institución de estas características en ratificar un tratado de derechos humanos. Después ha sido muy difícil conseguir implicaciones semejantes.

Es una pena, sin embargo, que la Unión Europea no haya ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención. El Protocolo Facultativo hubiera permitido que el Comité CRPD considerara comunicaciones individuales y quejas de ciudadanos europeos ante violaciones de derechos por parte de la UE, o iniciar procesos de investigación (inquiry) por incumplimiento. Hoy por hoy eso no es posible.

Asimismo, la Unión Europea ha sido evaluada en dos ocasiones por el Comité CRPD sobre el grado de implementación del tratado: en agosto de 2015 y en marzo del año pasado. Las observaciones finales del Comité constituyen una importante hoja de ruta donde se perciben los logros, pero también los déficits de la UE.

Bloque 2: Obligaciones normativas e instituciones europeas

Pregunta: ¿Cuáles son las obligaciones legales concretas que asumen las instituciones europeas con respecto a la Convención ONU?

Ana Peláez Narváez: Habría que distinguir entre las obligaciones generales del artículo 4 y las obligaciones específicas de los artículos 31, 32 y 33 de la Convención.

Obligaciones Generales (Artículo 4):

Asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, sin discriminación alguna.
Adoptar todas las medidas hasta el máximo de las posibilidades de los recursos disponibles de la Unión Europea (incluso mediante la cooperación internacional) para lograr progresivamente el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, alineados con el Pilar Europeo de Derechos Sociales.
Celebrar consultas directas y efectivas con las organizaciones que representan a las personas con discapacidad para el diseño de cualquier legislación o política pública.
Asegurar que los principios y mandatos de la Convención tengan la misma vigencia y protección en todas las partes de la Unión Europea.
Garantizar que la aplicación de la Convención no suponga bajo ninguna circunstancia una excusa para retroceder en derechos ya adquiridos por la ciudadanía.

Obligaciones Específicas:

Artículo 31: Recopilación de datos y estadísticas oficiales desglosados sobre la situación de las personas con discapacidad, garantizando transparencia y rendición de cuentas.
Artículo 32: Incorporación de la discapacidad en los programas y compromisos de la acción exterior y cooperación internacional.
Artículo 33: Establecimiento de marcos de aplicación y seguimiento independiente a nivel comunitario e institucional.

Bloque 3: Necesidad de financiación estable para la Europa Social

Pregunta: ¿Por qué los derechos reconocidos en la Convención y en el Pilar Europeo de Derechos Sociales necesitan una financiación suficiente, estable e identificable?

Ana Peláez Narváez: Porque si no se cuenta con esa financiación, los derechos no se pueden ejercer; quedan reducidos a mera retórica. El párrafo 2 del artículo 4 de la CRPD establece claramente que los Estados se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles para hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales.

Si hablamos del Pilar Europeo de Derechos Sociales, entre estos derechos destacan: la igualdad de oportunidades y acceso al mercado de trabajo, condiciones de trabajo justas, y la protección e inclusión social. Esto es especialmente crítico para una población que supera los 100 millones de ciudadanos y ciudadanas con discapacidad en la Unión Europea. El Principio 17 del Pilar Europeo exige expresamente la inclusión social de la discapacidad, y eso no se puede lograr sin partidas presupuestarias protegidas.

Bloque 4: Impacto del Fondo Social Europeo (FSE+) y riesgo de dilución

Pregunta: ¿Qué consecuencias tendría para las personas con discapacidad que el Fondo Social Europeo perdiera identidad o quedara diluido en macrofondos dentro del nuevo Marco Financiero Plurianual?

Ana Peláez Narváez: El Fondo Social Europeo es el fondo estructural con mayor antigüedad de la UE (creado en 1957 con el Tratado de Roma). Ha sido el instrumento central para fomentar el empleo, mejorar la cohesión social y respaldar la inclusión de los grupos más desfavorecidos.

En España, la Fundación ONCE ha gestionado con enorme éxito estas ayudas desde el año 2000. Su fin principal ha sido fomentar la formación adaptada y la inserción laboral directa. Cada año, la Fundación ONCE atiende a más de 25.000 personas con discapacidad en programas de formación y consigue más de 6.000 apoyos directos para la incorporación al mercado de trabajo. Si el FSE pierde su identidad o su suelo financiero garantizado, se pondrá en riesgo el principal motor de inclusión de quienes tienen mayores dificultades en la sociedad.

Bloque 5: Transparencia, datos desglosados e interseccionalidad

Pregunta: ¿Qué riesgos existen si la discapacidad deja de figurar de manera explícita en los objetivos e indicadores de seguimiento de las políticas europeas?

Ana Peláez Narváez: El riesgo principal es la invisibilización total del 20% de la población europea. Para cumplir con la CRPD, la UE está obligada a aportar información desagregada por razón de discapacidad. Pero no basta con considerar la discapacidad como un bloque homogénico: necesitamos conocer si son hombres o mujeres, la edad, el tipo de discapacidad, si sufren incapacitación legal, violencia o discriminación múltiple (personas migrantes, etnias minoritarias, LGTBI). Sin datos desglosados, la Unión Europea contraviene los principios de transparencia y los mandatos del tratado internacional que ratificó.

Bloque 6: Situación crítica de las mujeres y niñas con discapacidad

Pregunta: ¿Cuál es la situación específica de las mujeres y niñas con discapacidad en la Unión Europea y cuáles son sus mayores desafíos?

Ana Peláez Narváez: El 29,2% de la población femenina de la Unión Europea somos mujeres y niñas con discapacidad. Según el Índice de Igualdad de Género 2024 del Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE):

El 22% de las mujeres con discapacidad está en riesgo de pobreza (frente al 16% de las mujeres sin discapacidad).
Solo el 21% tiene un trabajo a tiempo completo (frente al 50% de las mujeres sin discapacidad).
Únicamente el 20% percibe tener buena salud (frente al 84% de las mujeres sin discapacidad).
Solo el 18% ha completado educación terciaria (frente al 34% de las mujeres sin discapacidad).

En sus últimas observaciones finales, el Comité CRPD señaló que las estrategias europeas de género y discapacidad carecen de un enfoque integral de derechos humanos para las mujeres y niñas con discapacidad. Sus opiniones raras veces son tomadas en cuenta en los procesos legislativos.

Además, en materia de violencia existen brechas inaceptables: la UE no quiso tipificar como delito la esterilización forzada (al ratificar el Convenio de Estambul se hizo reserva sobre el artículo 39), por lo que esta práctica sigue siendo legal en varios Estados miembros. Asimismo, la Directiva europea sobre violencia contra las mujeres no garantiza la accesibilidad plena a los servicios de atención especializada para víctimas con discapacidad. Hoy por hoy, la UE sigue dándole la espalda a las mujeres y niñas con discapacidad.

Bloque 7: Prioridades del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF) hacia 2027

Pregunta: De cara al 30º aniversario del Foro Europeo de la Discapacidad en 2027, ¿cuáles son las prioridades estratégicas de la plataforma?

Ana Peláez Narváez:

Exigir la verdadera implementación de la CRPD en todas las instituciones y Estados miembros, frenando cualquier intento de retroceso en derechos conquistados.
Garantizar la representatividad de la diversidad del colectivo: atender las demandas específicas de las mujeres, la infancia, las personas mayores con discapacidad, el colectivo LGTBI, las personas migrantes y las minorías racializadas.
Extender la incidencia política a toda la región europea: reforzar la presencia en el Consejo de Europa y frenar iniciativas amenazantes como el Protocolo de Oviedo, que pone en riesgo la capacidad de decisión y la no discriminación de las personas con discapacidad. En un contexto geopolítico convulso y de incertidumbre, es indispensable reformular la agenda para que los derechos humanos no queden invisibilizados.

María Tussy FloresOpen on YouTube

Transcripción Completa y Editada: Entrevista a María Tussy Flores

Serie: «El Sillón de la Europa Social» / Proyecto «40 años de España en la UE»
Entrevistada: María Tussy Flores, Directora de Programas Europeos de la Fundación ONCE.

Bloque 1: El Fondo Social Europeo como motor de transformación desde 1986

Pregunta: Desde la entrada de España en la CEE en 1986, ¿cuál ha sido el papel de los fondos europeos en la transformación de las políticas de empleo y discapacidad?

María Tussy Flores: Cuando España ingresó en 1986 la Comunidad era fundamentalmente un proyecto económico y monetario. El giro hacia la Europa social se consolidó con la presidencia de Jacques Delors y la aprobación del Tratado de Ámsterdam en el año 2000.

En esta trayectoria, el Fondo Social Europeo (FSE) —el único fondo nacido en el Tratado de Roma de 1957— ha sido el pilar fundamental. Junto con el FEDER (que permitió obras clave de accesibilidad física), el FSE ha transformado la vida de las personas. En el año 2000 era habitual encontrar personas con discapacidad que no podían acceder a entrevistas de trabajo por barreras físicas o materiales inaccesibles; el FSE ha demostrado que los fondos no son solo dinero, sino que cambian "gotita a gotita" la vida de la gente.

Bloque 2: El modelo español de colaboración público-social (Año 2000)

Pregunta: ¿Qué caracterizó al modelo de gestión del Fondo Social Europeo implantado en España a partir del año 2000 y por qué es único en la UE?

María Tussy Flores: En el año 2000, la administración española (Ministerio de Trabajo) adoptó una decisión pionera y valiente: delegó la gestión directa de programas pluriestatales de lucha contra la discriminación / inclusión social en cuatro grandes organizaciones especializadas del Tercer Sector: Fundación ONCE, Cáritas, Cruz Roja y Fundación Secretariado Gitano.

Este modelo plurianual a 7 años permitió superar las intervenciones aisladas. Permitió diseñar itinerarios integrales trabajando no solo con la persona con discapacidad, sino con todo su entorno: familias, empresas, adaptaciones y tejido social. Las ONG pasamos de ser meras ejecutoras a aliadas estratégicas del Gobierno y de la Unión Europea.

Bloque 3: Evaluación de Impacto (POISES / Universidad de Murcia): Retorno de casi 3 € por euro invertido

Pregunta: ¿Cuáles son los resultados cuantitativos y económicos de la evaluación de impacto de los programas gestionados por el Tercer Sector?

María Tussy Flores: Para demostrar que la inversión social no es un "gasto a fondo perdido", las cuatro entidades encargamos una rigurosa evaluación de impacto al Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia y a consultoría especializada.

Resultados clave desde el año 2000:

Más de 1,3 millones de personas en riesgo de exclusión han sido atendidas.
Retorno económico comprobado: Por cada euro invertido a través del Fondo Social Europeo y la cofinanciación, la sociedad y la economía recuperan casi 3 euros (entre 2,9 € y 4 €) a través de impuestos de las personas contratadas, cotizaciones a la Seguridad Social y ahorro directo en subsidios pasivos.

Demostramos cuantitativamente que la inversión en inclusión social no es solo una exigencia de justicia, sino una inversión pública altamente rentable e ineficiente de recortar.

Bloque 4: Alerta ante el Marco Financiero Plurianual 2028-2034: La amenaza de la dilución

Pregunta: ¿Qué riesgos plantea la propuesta inicial de la Comisión Europea para el MFP 2028-2034 respecto a la estructura del FSE+?

María Tussy Flores: La Comisión propuesta agrupar la financiación europea en macrofondos unificados denominados "Planes de Asociación Nacionales y Regionales", fusionando el FSE+ con la PAC, el FEDER o la pesca.

Grandes riesgos identificados:

Pérdida de identidad y especificidad del FSE+: Al diluirse en un macrofondo, desaparece como programa independiente con dotación protegida.
Eliminación del suelo financiero blindado: Se pierde la reserva histórica e intocable de al menos el 25% del presupuesto para inclusión social y colectivos vulnerables.
Pérdida de gobernanza especializada: Desaparecería la Autoridad de Gestión especializada en el Ministerio de Trabajo, desplazando la decisión a departamentos de Hacienda con criterios puramente fiscales y excluyendo a las entidades del Tercer Sector de los comités de seguimiento.

Bloque 5: Impacto social y testimonios de vida

Pregunta: ¿Qué impacto directo tienen los itinerarios personalizados en la empleabilidad de las personas con discapacidad?

María Tussy Flores: La evaluación confirma que participar en itinerarios personalizados aumenta un 58% la probabilidad de conseguir empleo, cifra que se eleva al 79% en personas inactivas.

Detrás de los números existen historias de vida emblemáticas:

Mujeres en modo ON VG: Programa específico para mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género.
UniDiversidad: Programa que permite a jóvenes con discapacidad intelectual o del espectro autista estudiar en la universidad española (logrando el hito emotivo de que sus familias los vean graduarse).
Proyectos para personas con discapacidad psicosocial: Inserción laboral que devuelve la ilusión y la autonomía personal.

Bloque 6: El FSE como escudo social en crisis y las 3 garantías irrenunciables

Pregunta: ¿Cómo actuó el FSE durante la pandemia del COVID-19 y cuáles son las demandas indispensables para el nuevo MFF 2028-2034?

María Tussy Flores: Durante la pandemia del COVID-19, la reserva protegida y la flexibilidad del FSE permitieron mantener la formación, la atención remota y la liquidez de las entidades con cofinanciación al 100%, actuando como un verdadero escudo social.

Las 3 garantías irrenunciables que exige el CERMI y la Fundación ONCE para el MFP 2028-2034:

Entidad propia y reconocible del FSE+ dentro de los planes nacionales.
Presupuesto propio y Reglamento específico con salvaguardias legales.
Gobernanza participativa con Autoridad de Gestión propia en el Ministerio de Trabajo y participación obligatoria del Tercer Sector en todo el ciclo (diseño, gestión, ejecución y evaluación).

Bárbara Martín Muñoz

Transcripción Completa y Editada: Entrevista a Bárbara Martín Muñoz

Serie: «El Sillón de la Europa Social» / Proyecto «40 años de España en la UE»
Entrevistada: Bárbara Martín Muñoz, Vicepresidenta de la Unión Europea de Ciegos (EBU).

Bloque 1: Evolución de los derechos de la discapacidad en los 40 años de España en la UE

Pregunta: En estos 40 años de pertenencia de España a la Unión Europea, ¿cuáles han sido los avances normativos y sociales más significativos para las personas ciegas y con discapacidad visual?

Bárbara Martín Muñoz: En estas cuatro décadas la evolución ha sido radical. Hemos pasado de un modelo médico-asistencialista obsoleto al paradigma actual basado en los derechos humanos. Las personas con discapacidad somos ciudadanas de pleno derecho.

Destaco hitos fundamentales:

Tratado de Ámsterdam (1997): Por primera vez, el texto constitutivo de la UE reconoce expresamente a la discapacidad como causa de no discriminación (art. 13), sentando la base legal para el desarrollo de directivas como la de Igualdad en el Empleo de 2000.
Convención ONU de la Discapacidad (2006/2011): Tratado de derechos humanos que ratificó la UE con personalidad jurídica propia, marcando la estrategia global de inclusión.
Tratado de Marrakech (2013/2016): Hito histórico para acabar con la "hambruna de libros", facilitando el intercambio transfronterizo de obras en formatos accesibles (Braille, audio, macrotipo) para más de 250 millones de personas ciegas o con baja visión en el mundo. El 30 de septiembre se celebra el 10º aniversario de su entrada en vigor. Gracias a este tratado, la biblioteca digital de la ONCE cuenta, por ejemplo, con la primera partitura en Braille de castañuelas de concierto.
Acta Europea de Accesibilidad (2019): Consolida la accesibilidad universal como un derecho obligatorio en toda la cadena de valor (comercio electrónico, banca, libros digitales).
Tarjeta Europea de Discapacidad (2024): Garantiza el ejercicio del derecho a la libre circulación manteniendo los apoyos en cualquier Estado miembro.

Asimismo, destacan avances en la vida cotidiana como el etiquetado en Braille obligatorio en medicamentos (en extensión al ámbito veterinario) y la accesibilidad del Euro (diseño táctil de billetes y monedas, y la incorporación prevista del Braille en los futuros billetes del Banco Central Europeo).

Bloque 2: El valor de una financiación identificable: FSE+ y autonomía personal

Pregunta: ¿Qué papel han desempeñado los fondos europeos en la autonomía, formación e inclusión laboral del colectivo de personas ciegas?

Bárbara Martín Muñoz: Los fondos europeos son un instrumento valiosísimo e insustituible. El Fondo Social Europeo (FSE+) impulsa la formación digital competitiva, el aprendizaje continuo y los servicios de intermediación laboral (como Inserta Empleo de la Fundación ONCE), haciendo posible el acceso a empleo de calidad en empresas ordinarias.

Para que los fondos sociales sean eficaces y sostenibles deben cumplir tres requisitos:

Suficientes: Cubrir adecuadamente las necesidades reales sobre el terreno.
Reconocibles: Dar visibilidad a las buenas prácticas y casos de éxito para concienciar a la sociedad.
Evaluables: Estar sometidos a la transparencia, el rigor y la rendición de cuentas.

Bloque 3: Alerta ante la dilución del FSE+ en el Marco Financiero Plurianual 2028-2034

Pregunta: ¿Qué riesgos concretos surgirían si el Fondo Social Europeo pierde su identidad o se diluye dentro de macrofondos nacionales?

Bárbara Martín Muñoz: El riesgo es sufrir un retroceso dramático en derechos e inclusión. Si la discapacidad deja de ser prioritaria o protegida en el presupuesto, se paralizarán convocatorias específicas y se mermará la capacidad operativa del tejido asociativo. Por ejemplo, el programa europeo CERV financia el 25% del presupuesto operativo de la Unión Europea de Ciegos (EBU); sin esa financiación, se pondrían en riesgo programas de concienciación y defensa de derechos a escala europea.

Bloque 4: Barreras al empleo, Ajustes Razonables e Inteligencia Artificial

Pregunta: ¿Cuáles son las principales barreras en el acceso al empleo y qué garantías deben exigirse ante la digitalización e Inteligencia Artificial?

Bárbara Martín Muñoz: Las barreras no residen en la persona ciega, sino en los obstáculos sociales, actitudinales y tecnológicos del entorno. Existen prejuicios infundados en las empresas. Los obstáculos se suceden desde ofertas de trabajo en formatos digitales inaccesibles (incompatibles con lectores de pantalla), entrevistas en sedes sin transporte público, o la negativa a realizar ajustes razonables en el puesto de trabajo.

Respecto a la Inteligencia Artificial y la digitalización, existe un riesgo evidente de discriminación si los algoritmos se entrenan con datos con sesgos históricos que omiten a las personas con discapacidad. Europa debe exigir que toda innovación sea accesible desde el diseño (Design for All) y aplicar sanciones efectivas a quien incumpla las normas de accesibilidad.

Bloque 5: Participación de la sociedad civil y demandas para las instituciones europeas

Pregunta: ¿Por qué debe exigirse el principio «Nada sobre las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad» en la gestión de los fondos y qué mensaje transmite a las instituciones comunitarias?

Bárbara Martín Muñoz: El movimiento asociativo (EBU, CERMI, EDF) aporta el conocimiento directo de la realidad. Las personas con discapacidad debemos participar en todo el ciclo de los fondos: diseño, planificación, gestión y evaluación.

Demandas para el MFF 2028-2034:

Mantener objetivos específicos y un porcentaje mínimo presupuestario blindado para la discapacidad e inclusión social.
A la Comisión Europea: Exigir que la discapacidad siga manteniéndose de forma transversal en todas las políticas.
Al Parlamento Europeo: Velar para que los reajustes presupuestarios no perjudiquen al 20% de la ciudadanía europea.
A los Estados Miembros: Impedir que la "simplificación administrativa" sirva de excusa para recortar transparencia o controles.

Mensaje central: "La accesibilidad no es un gasto ni un obstáculo engorroso; es una inversión en innovación y cohesión social. Todo lo que beneficia y hace accesible la sociedad para las personas con discapacidad beneficia al 100% de la población."

Casos urgentes de brecha normativa a solventar:

TPV y datáfonos táctiles: Corregir de inmediato la falta de accesibilidad en los medios de pago comerciales que obliga a las personas ciegas a facilitar su código PIN a desconocidos.
Derecho al voto: Garantizar el kit en Braille en elecciones locales para asegurar el pleno ejercicio del voto secreto y autónomo.

Miguel Ángel Cabra de LunaOpen on YouTube

Transcripción Completa y Editada: Entrevista a Miguel Ángel Cabra de Luna

Serie: «El Sillón de la Europa Social» / Proyecto «40 años de España en la UE»
Entrevistado: Miguel Ángel Cabra de Luna, exmiembro del Comité Económico y Social Europeo (CESE, 1998-2025), Director de Relaciones Internacionales y Movimientos Sociales del Grupo Social ONCE, Secretario General de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP).

Bloque 1: Evolución de la discapacidad en la agenda europea desde 1986

Pregunta: Desde su experiencia en la sociedad civil organizada, ¿cómo ha cambiado la presencia de las personas con discapacidad en las políticas europeas desde el ingreso de España en 1986?

Miguel Ángel Cabra de Luna: El cambio ha sido espectacular y se ha logrado gracias a la lucha continuada del movimiento asociativo. Cuando España ingresó en 1986, la discapacidad no figuraba en los Tratados.

A finales de los años 90, participamos en intensas gestiones directas con los comisarios responsables de la Conferencia Intergubernamental (como Marcelino Oreja) para exigir que la discapacidad figurara expresamente en el artículo sobre no discriminación. Así se logró la aprobación del Artículo 13 del Tratado de Ámsterdam, que otorgó por primera vez base jurídica a la Unión Europea para legislar en materia de discapacidad. De ahí nacieron la Declaración de Madrid de 2002 y las Estrategias Europeas de Discapacidad (2010-2020 y 2020-2030). Sin base jurídica no hay competencia, y sin competencia no hay acción pública.

Bloque 2: Experiencia en el CESE y la capacidad de incidencia de la sociedad civil

Pregunta: Tras 27 años como miembro del Comité Económico y Social Europeo (1998-2025), ¿cuál es la capacidad real de la sociedad civil para influir en las normas comunitarias?

Miguel Ángel Cabra de Luna: La sociedad civil organizada tiene que ser la "gota malaya que acaba horadando la piedra". En el CESE, donde convergen empresarios, sindicatos y el Tercer Sector / Economía Social, se evalúan todas las propuestas legislativas. El 70% de las propuestas y dictámenes aprobados por el CESE terminan reflejados formalmente en las normativas y decisiones publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea. La incidencia requiere profesionalidad, rigor y constancia.

Bloque 3: El modelo de co-gobernanza del Tercer Sector

Pregunta: ¿Qué aporta el Tercer Sector a la gestión de los fondos europeos frente a la administración generalista?

Miguel Ángel Cabra de Luna: El Tercer Sector aporta conocimiento especializado, compromiso y cercanía con la realidad. Las entidades no deben ser meros subcontratistas o ejecutores; deben participar en el ciclo completo: planificación, diseño, ejecución y evaluación.

Atender e integrar laboralmente a colectivos vulnerables es social y económicamente mucho más inteligente y rentable que mantener subsidios pasivos a largo plazo.

Bloque 4: Debate presupuestario MFP 2028-2034: "Cañones o Mantequilla"

Pregunta: Ante las presiones geopolíticas para reorientar los fondos europeos hacia el rearme militar y la reindustrialización, ¿qué postura debe mantener la política social?

Miguel Ángel Cabra de Luna: Estamos en un momento delicado por las guerras en nuestras fronteras y las tensiones industriales. Pero pretender financiar la defensa o la inteligencia artificial a costa de desmantelar los Fondos de Cohesión es un error trágico. Con el mero desarrollo económico no se avanza socialmente, y la fractura resultante acabaremos pagándola mucho más cara.

Estrategia de negociación propuesta:

Solución Ideal (Plan A): Exigir el mantenimiento independiente del Fondo Social Europeo con la reserva del 25% de los Fondos de Cohesión.
Solución Pragmática (Plan B): Si se aprueban planes nacionales unificados, exigir "libertad de movimiento" y margen de maniobra a los Estados miembros para canalizar sus recursos hacia prioridades sociales, evitando un ordoliberalismo rígido centralizado en Bruselas.

Bloque 5: Competitividad y Economía Social

Pregunta: ¿Cómo se posiciona la Economía Social en la agenda de competitividad europea?

Miguel Ángel Cabra de Luna: Exigimos fair play. La Economía Social no puede competir con "una mano atada a la espalda" frente a empresas ordinarias que se deslocalizan a terceros países cuando tienen pérdidas. La Economía Social reinvierte sus beneficios, crea empleo no deslocalizable y asume compromisos sociales que deben ser reconocidos.

Bloque 6: Envejecimiento, autonomía y reforma institucional europea

Pregunta: Desde su posición en la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), ¿cómo se conectan las agendas de discapacidad y envejecimiento?

Miguel Ángel Cabra de Luna: Existe una convergencia demográfica total: el 65% de las personas con discapacidad son mayores de 65 años (y el 75% mayores de 55). Garantizar la autonomía personal, la accesibilidad universal y la vida independiente de las personas mayores evita costes disparados en residencias e ingresos sanitarios. Fomentar la vida independiente responde a la angustia de las familias de "¿después de nosotros, qué?".

Reforma institucional indispensable: Es imprescindible eliminar la regla de la unanimidad en el Consejo Europeo en materia social y presupuestaria. Una Unión de 27 o más Estados no puede ser paralizada por el bloqueo unilateral de un solo país por razones partidistas. Deben imperar las mayorías cualificadas consolidadas para que la Europa social siga progresando.

Josep Borrell Fontelles

Transcripción Completa y Editada: Entrevista a Josep Borrell Fontelles

Serie: «El Sillón de la Europa Social» / Proyecto «40 años de España en la UE»
Entrevistado: Josep Borrell Fontelles, Presidente de la Asociación de Antiguos Diputados del PE (desde 2026), ex Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad / Vicepresidente de la Comisión Europea (2019-2024), expresidente del Parlamento Europeo (2004-2007).

Bloque 1: Balance de los 40 años de España en la Unión Europea

Pregunta: España cumple 40 años de su incorporación a la Unión Europea. Desde su extensa trayectoria institucional en el Gobierno español, el Parlamento Europeo y la Comisión, ¿qué ha significado la integración europea para España y qué ha aportado nuestro país al proyecto comunitario?

Josep Borrell Fontelles: Estos 40 años han sido, sin duda, los mejores años de nuestra historia contemporánea. Desde la batalla de Trafalgar y la invasión napoleónica de 1808, la historia de España fue turbulenta, agitada, llena de guerras, revoluciones, golpes de Estado y guerras civiles. Estos 40 años no solo han sido de paz, sino de prosperidad y de integración activa en el mundo.

España ha aportado a la construcción europea desde el convencimiento de que la Unión era indispensable. Aportaciones españolas fundamentales han sido, por ejemplo, la creación de los Fondos de Cohesión y la figura de la Ciudadanía Europea. Nos jugamos mucho al incorporarnos al euro; aunque no estuvo exento de dificultades, hoy debemos pensar qué hubiera sido de nosotros sin el euro: habríamos quedado relegados casi como una prolongación del norte de África en lugar de ser una extensión vertebrada de la Europa continental.

Bloque 2: De la Europa Social a la Europa Geopolítica y de Defensa

Pregunta: En 1986 las prioridades eran distintas a las actuales. Hoy el debate europeo está dominado por Ucrania, Oriente Medio, seguridad, autonomía estratégica y tecnología. ¿Estamos ante un cambio de época y qué debe permanecer inalterable?

Josep Borrell Fontelles: El proyecto europeo se concibió esencialmente para construir la paz entre los europeos, evitando que los pueblos de Europa volvieran a hacer la guerra entre sí. Ese objetivo original se ha conseguido con un éxito extraordinario que a veces no valoramos suficiente.

Sin embargo, estamos claramente ante un cambio de época. La Unión Europea no fue concebida para el escenario mundial actual; se creó bajo la protección de la Guerra Fría y el paraguas militar estadounidense. Hoy el problema no es la guerra entre nosotros, sino la guerra contra nosotros o en nuestras fronteras inmediatas: la agresión a Ucrania en el este o la guerra en Oriente Medio.

En algunos conflictos la UE ha reaccionado con unidad, pero en otros —como en la tragedia de Gaza— ha faltado cohesión entre los Estados miembros. Lo fundamental del proyecto europeo es mantener la unidad al servicio de los derechos humanos y los valores democráticos, evitando dobles raseros que merman nuestra credibilidad internacional.

Bloque 3: Compatibilidad entre la inversión en seguridad y la cohesión social

Pregunta: Durante su mandato como Alto Representante promovió dotar a la UE de un lenguaje de poder y capacidades de defensa. ¿Cómo se puede compatibilizar el incremento del gasto en seguridad exterior con la protección del Estado del bienestar y la cohesión social interna?

Josep Borrell Fontelles: Durante décadas, la seguridad exterior de los europeos nos la proporcionó en gran medida y de forma gratuita Estados Unidos. Nos acostumbramos a vivir en una especie de protectorado militar, lo que nos permitió destinar más recursos que nadie a la protección social. Europa es la región del mundo donde la protección social consume más recursos, garantizando un sistema solidario de sanidad, pensiones, desempleo y apoyo a las personas con discapacidad.

Ahora Estados Unidos nos exige con razón contribuir a nuestra propia defensa. Pero sería un grave error sacrificar la Europa social a la Europa de la defensa. La defensa de un país no consiste solo en tener ejércitos o comprar armas; la defensa se construye desde una sociedad cohesionada, articulada y dispuesta a movilizarse en torno a valores comunes. El apoyo a los más vulnerables es el distintivo de una sociedad fuerte.

Sin embargo, los "Reyes Magos" no existen en economía. Si se quiere gastar más en defensa sin recortar en políticas sociales, la única vía matemática es aportar más recursos al presupuesto. Ese es el gran debate del próximo Marco Financiero Plurianual.

Bloque 4: El papel de los Estados miembros y la arquitectura presupuestaria

Pregunta: Frente al riesgo de fractura o recortes en la protección social, ¿dónde recae la responsabilidad real de la financiación del pilar social?

Josep Borrell Fontelles: El gasto social fundamental lo ejecutan los Estados miembros en sus propios países. Las pensiones, la sanidad, la educación y las ayudas a las personas con discapacidad en España las pagan los contribuyentes españoles, no Bruselas. El presupuesto de la Unión Europea tiene un papel complementario e incentivador, pero no sustitutivo.

En las negociaciones presupuestarias no hay nada blindado de antemano. Todo se decide en cada ciclo presupuestario. Por eso la política social tiene una dimensión profundamente democrática: el resultado depende de los gobiernos en el Consejo y, en última instancia, del Parlamento Europeo.

Bloque 5: Límites del Presupuesto comunitario y Capacidad Fiscal de la UE

Pregunta: ¿Posee la Unión Europea capacidad suficiente para financiar simultáneamente la defensa, la transición ecológica y la cohesión social?

Josep Borrell Fontelles: El presupuesto de la UE es reducido: no alcanza el 2% del PIB europeo. A veces se le piden peras al olmo. La Unión Europea no tiene potestad tributaria ni impuestos propios directos; reparte únicamente los recursos que los Estados le aportan.

Sería muy deseable que la UE tuviera una verdadera capacidad fiscal y recursos propios para abordar problemas globales, pero por el momento depende de las transferencias estatales. Por ello, los debates sobre el MFF exigen altura de miras político-fiscal a los gobiernos de la Unión.

Bloque 6: Vías de acción e incidencia para el Movimiento Social de la Discapacidad

Pregunta: ¿Dónde se juega la capacidad real de salvar la identidad y financiación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y qué consejo da al movimiento asociativo?

Josep Borrell Fontelles: Hay tres frentes de incidencia política (lobbying) bien delimitados:

La Comisión Europea: Colegiod de Comisarios que elabora el proyecto presupuestario inicial.
Los Estados miembros en el Consejo: Donde prima la negociación de retornos e intereses nacionales.
El Parlamento Europeo: La tecla más sensible políticamente. Los eurodiputados representan a la ciudadanía a través de grupos políticos transnacionales y tienen la facultad de aprobar o rechazar el presupuesto en su conjunto.

Las 100 millones de personas con discapacidad en la UE constituyen una fuerza social con un peso e influencia muy superior a su cifra. Deben hacer valer su voz ante los eurodiputados y gobiernos para garantizar que la prioridad de la justicia social quede reflejada con partidas específicas en las cifras del presupuesto, y no en meros discursos retóricos.

Bloque 7: Mensaje final

Josep Borrell Fontelles: Debemos hacer un llamamiento a preservar lo conquistado y a seguir avanzando. Imagínense qué sería de España si no hubiéramos construido esta Unión: estaríamos aislados y seríamos mucho más débiles en el escenario global. Pese a todas sus imperfecciones, la UE ha traído los 40 años más positivos de nuestra historia. No hagamos caso a quienes piden desmantelar Europa; la respuesta a los grandes retos es más cohesión, más solidaridad y más Europa.

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