El Sillón de la Europa Social · 15 min
Ana Peláez Narváez
Secretaria general del Foro Europeo de Discapacidad (EDF)
Resumen de la conversación
Ana Peláez Narváez sitúa la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como referencia para las políticas europeas. Examina las desigualdades que afectan a las mujeres y niñas con discapacidad y reclama financiación identificable, datos desglosados y participación efectiva. Su intervención conecta las decisiones presupuestarias con la posibilidad real de ejercer los derechos.
Transcripción de la entrevista
Transcripción Completa y Editada: Entrevista a Ana Peláez Narváez
Serie: «El Sillón de la Europa Social» / Proyecto «40 años de España en la UE»
Entrevistada: Ana Peláez Narváez, Secretaria General del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF) y Vicepresidenta del Comité ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Bloque 1: La Convención ONU de la Discapacidad (CRPD) como hito de la UE
Pregunta: ¿Cuál considera que ha sido el mayor aporte de la Unión Europea a los derechos de las personas con discapacidad en estos cuarenta años?
Ana Peláez Narváez: No tengo ninguna duda de que el mayor aporte que ha hecho la Unión Europea a los derechos de las personas con discapacidad ha sido la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) de Naciones Unidas, que está en vigor en la Unión Europea desde el 22 de enero de 2011.
En un contexto como el actual, sería imposible pensar que no solo la Unión Europea, sino todos sus Estados miembros, hubieran ratificado este Tratado Internacional de Derechos Humanos, que es la piedra angular de la defensa de los derechos de la gente que tenemos una discapacidad. Fue muy importante porque la Convención incorporó la posibilidad de ratificación por organizaciones regionales de integración. De hecho, la Unión Europea se convirtió en la primera institución de estas características en ratificar un tratado de derechos humanos. Después ha sido muy difícil conseguir implicaciones semejantes.
Es una pena, sin embargo, que la Unión Europea no haya ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención. El Protocolo Facultativo hubiera permitido que el Comité CRPD considerara comunicaciones individuales y quejas de ciudadanos europeos ante violaciones de derechos por parte de la UE, o iniciar procesos de investigación (inquiry) por incumplimiento. Hoy por hoy eso no es posible.
Asimismo, la Unión Europea ha sido evaluada en dos ocasiones por el Comité CRPD sobre el grado de implementación del tratado: en agosto de 2015 y en marzo del año pasado. Las observaciones finales del Comité constituyen una importante hoja de ruta donde se perciben los logros, pero también los déficits de la UE.
Bloque 2: Obligaciones normativas e instituciones europeas
Pregunta: ¿Cuáles son las obligaciones legales concretas que asumen las instituciones europeas con respecto a la Convención ONU?
Ana Peláez Narváez: Habría que distinguir entre las obligaciones generales del artículo 4 y las obligaciones específicas de los artículos 31, 32 y 33 de la Convención.
Obligaciones Generales (Artículo 4):
- Asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, sin discriminación alguna.
- Adoptar todas las medidas hasta el máximo de las posibilidades de los recursos disponibles de la Unión Europea (incluso mediante la cooperación internacional) para lograr progresivamente el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, alineados con el Pilar Europeo de Derechos Sociales.
- Celebrar consultas directas y efectivas con las organizaciones que representan a las personas con discapacidad para el diseño de cualquier legislación o política pública.
- Asegurar que los principios y mandatos de la Convención tengan la misma vigencia y protección en todas las partes de la Unión Europea.
- Garantizar que la aplicación de la Convención no suponga bajo ninguna circunstancia una excusa para retroceder en derechos ya adquiridos por la ciudadanía.
Obligaciones Específicas:
- Artículo 31: Recopilación de datos y estadísticas oficiales desglosados sobre la situación de las personas con discapacidad, garantizando transparencia y rendición de cuentas.
- Artículo 32: Incorporación de la discapacidad en los programas y compromisos de la acción exterior y cooperación internacional.
- Artículo 33: Establecimiento de marcos de aplicación y seguimiento independiente a nivel comunitario e institucional.
Bloque 3: Necesidad de financiación estable para la Europa Social
Pregunta: ¿Por qué los derechos reconocidos en la Convención y en el Pilar Europeo de Derechos Sociales necesitan una financiación suficiente, estable e identificable?
Ana Peláez Narváez: Porque si no se cuenta con esa financiación, los derechos no se pueden ejercer; quedan reducidos a mera retórica. El párrafo 2 del artículo 4 de la CRPD establece claramente que los Estados se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles para hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales.
Si hablamos del Pilar Europeo de Derechos Sociales, entre estos derechos destacan: la igualdad de oportunidades y acceso al mercado de trabajo, condiciones de trabajo justas, y la protección e inclusión social. Esto es especialmente crítico para una población que supera los 100 millones de ciudadanos y ciudadanas con discapacidad en la Unión Europea. El Principio 17 del Pilar Europeo exige expresamente la inclusión social de la discapacidad, y eso no se puede lograr sin partidas presupuestarias protegidas.
Bloque 4: Impacto del Fondo Social Europeo (FSE+) y riesgo de dilución
Pregunta: ¿Qué consecuencias tendría para las personas con discapacidad que el Fondo Social Europeo perdiera identidad o quedara diluido en macrofondos dentro del nuevo Marco Financiero Plurianual?
Ana Peláez Narváez: El Fondo Social Europeo es el fondo estructural con mayor antigüedad de la UE (creado en 1957 con el Tratado de Roma). Ha sido el instrumento central para fomentar el empleo, mejorar la cohesión social y respaldar la inclusión de los grupos más desfavorecidos.
En España, la Fundación ONCE ha gestionado con enorme éxito estas ayudas desde el año 2000. Su fin principal ha sido fomentar la formación adaptada y la inserción laboral directa. Cada año, la Fundación ONCE atiende a más de 25.000 personas con discapacidad en programas de formación y consigue más de 6.000 apoyos directos para la incorporación al mercado de trabajo. Si el FSE pierde su identidad o su suelo financiero garantizado, se pondrá en riesgo el principal motor de inclusión de quienes tienen mayores dificultades en la sociedad.
Bloque 5: Transparencia, datos desglosados e interseccionalidad
Pregunta: ¿Qué riesgos existen si la discapacidad deja de figurar de manera explícita en los objetivos e indicadores de seguimiento de las políticas europeas?
Ana Peláez Narváez: El riesgo principal es la invisibilización total del 20% de la población europea. Para cumplir con la CRPD, la UE está obligada a aportar información desagregada por razón de discapacidad. Pero no basta con considerar la discapacidad como un bloque homogénico: necesitamos conocer si son hombres o mujeres, la edad, el tipo de discapacidad, si sufren incapacitación legal, violencia o discriminación múltiple (personas migrantes, etnias minoritarias, LGTBI). Sin datos desglosados, la Unión Europea contraviene los principios de transparencia y los mandatos del tratado internacional que ratificó.
Bloque 6: Situación crítica de las mujeres y niñas con discapacidad
Pregunta: ¿Cuál es la situación específica de las mujeres y niñas con discapacidad en la Unión Europea y cuáles son sus mayores desafíos?
Ana Peláez Narváez: El 29,2% de la población femenina de la Unión Europea somos mujeres y niñas con discapacidad. Según el Índice de Igualdad de Género 2024 del Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE):
- El 22% de las mujeres con discapacidad está en riesgo de pobreza (frente al 16% de las mujeres sin discapacidad).
- Solo el 21% tiene un trabajo a tiempo completo (frente al 50% de las mujeres sin discapacidad).
- Únicamente el 20% percibe tener buena salud (frente al 84% de las mujeres sin discapacidad).
- Solo el 18% ha completado educación terciaria (frente al 34% de las mujeres sin discapacidad).
En sus últimas observaciones finales, el Comité CRPD señaló que las estrategias europeas de género y discapacidad carecen de un enfoque integral de derechos humanos para las mujeres y niñas con discapacidad. Sus opiniones raras veces son tomadas en cuenta en los procesos legislativos.
Además, en materia de violencia existen brechas inaceptables: la UE no quiso tipificar como delito la esterilización forzada (al ratificar el Convenio de Estambul se hizo reserva sobre el artículo 39), por lo que esta práctica sigue siendo legal en varios Estados miembros. Asimismo, la Directiva europea sobre violencia contra las mujeres no garantiza la accesibilidad plena a los servicios de atención especializada para víctimas con discapacidad. Hoy por hoy, la UE sigue dándole la espalda a las mujeres y niñas con discapacidad.
Bloque 7: Prioridades del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF) hacia 2027
Pregunta: De cara al 30º aniversario del Foro Europeo de la Discapacidad en 2027, ¿cuáles son las prioridades estratégicas de la plataforma?
Ana Peláez Narváez:
- Exigir la verdadera implementación de la CRPD en todas las instituciones y Estados miembros, frenando cualquier intento de retroceso en derechos conquistados.
- Garantizar la representatividad de la diversidad del colectivo: atender las demandas específicas de las mujeres, la infancia, las personas mayores con discapacidad, el colectivo LGTBI, las personas migrantes y las minorías racializadas.
- Extender la incidencia política a toda la región europea: reforzar la presencia en el Consejo de Europa y frenar iniciativas amenazantes como el Protocolo de Oviedo, que pone en riesgo la capacidad de decisión y la no discriminación de las personas con discapacidad. En un contexto geopolítico convulso y de incertidumbre, es indispensable reformular la agenda para que los derechos humanos no queden invisibilizados.